El comercio exterior es un motor fundamental para el crecimiento, la generación de empleo y la atracción de inversión en cualquier país. Con la entrada del nuevo gobierno, resulta oportuno hacer un balance de lo que dejó el cuatrienio anterior en materia de inversión y comercio, y trazar las coordenadas de lo que viene.
Los números del período 2022-2025 revelan una realidad compleja. Las exportaciones totales de Colombia disminuyeron 11,8 %, al pasar de USD 56.910 millones a USD 50.200 millones. Las exportaciones minero-energéticas cayeron 32,5 %, un retroceso esperado dada la volatilidad de precios internacionales y el agotamiento de algunas reservas. Sin embargo, las exportaciones no minero
energéticas crecieron 22,1 %, superando el 52 % del total exportado. Esta dinámica evidencia avances reales en diversificación, aunque todavía insuficientes para compensar la contracción del sector tradicional y, sobre todo, para cerrar la brecha que separa a Colombia del resto del mundo.
En el frente de la inversión extranjera directa, la cifra fue más desafiante: pasó de USD 17.182 millones en 2022 a USD 11.571 millones en 2025, una caída de 32,7 %. Los flujos provenientes de socios estratégicos como Estados Unidos, España y Panamá se contrajeron significativamente. Aunque factores externos influyeron en esta tendencia, es cierto que la inestabilidad institucional en ciertos momentos del cuatrienio, las tensiones diplomáticas con algunos países vecinos y la incertidumbre sobre políticas comerciales generaron un entorno menos favorable para los inversionistas.
Pero hay un indicador que revela con mayor claridad la magnitud del desafío estructural que enfrenta Colombia. En 2025, el país exportó cerca de USD 940 per cápita, frente a un promedio mundial de alrededor de USD 3.200. Para una población de 53 millones de habitantes, alcanzar ese nivel implicaría exportar más de USD 171 mil millones al año, es decir, generar más de USD 120 mil millones adicionales en ventas externas. La magnitud de esa brecha muestra que el reto no consiste únicamente en recuperar lo perdido, sino en transformar estructuralmente la capacidad exportadora del país.
Colombia se encuentra en un punto de inflexión. El nuevo gobierno ha manifestado su intención deliberada de recuperar la inversión extranjera, fortalecer la competitividad y convertir las exportaciones en uno de los motores del crecimiento económico. Las primeras señales operativas han sido contundentes: el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, quien cuenta con experiencia al frente de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, lideró una misión a Washington donde se reunió con autoridades del Departamento de Estado, la Oficina del Representante Comercial (USTR), el Departamento de Comercio, la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA), así como con funcionarios del Banco Mundial, el FMI y el EXIM Bank, entre otros.
Los resultados de esa gestión diplomática fueron concretos en varios frentes. Entre los principales se cuenta la manifestación de disposición de Estados Unidos para una nueva etapa de seguridad, comercio, inversión y cooperación económica. En paralelo, se avanzó en la formulación de una hoja de ruta 2026- 2030 con el Banco Mundial, el IFC y MIGA para identificar y financiar proyectos de infraestructura pública y privada. Adicionalmente, se programó una misión del EXIM Bank con el propósito específico de evaluar proyectos con potencial de financiación en infraestructura, tecnología y sectores estratégicos como la energía. A esto se sumó la apertura de una agenda de cooperación energética enfocada en reactivar la exploración y atraer inversión sostenida al sector.
En ese contexto, Estados Unidos representa la mayor oportunidad para cerrar la brecha exportadora de Colombia. La reorganización de las cadenas de suministro globales, acelerada por las tensiones comerciales de los últimos años, ha reconfigurado significativamente el origen de las importaciones estadounidenses: la participación china pasó del 21 % en 2016 al 9 % en 2025, liberando miles de millones de dólares en espacio de mercado. América Latina y el Caribe, en cambio, incrementó su participación del 18 % al 20 %.
México ha sido el principal beneficiario de esta tendencia, pero enfrenta limitaciones estructurales: sus parques industriales operan cerca de capacidad máxima, su tratado comercial tripartita está en renegociación, y sus requisitos de origen son más restrictivos que los del Tratado de Libre Comercio colombiano. Colombia, en contraste, cuenta con un Tratado de Libre Comercio de plazo indefinido con Estados Unidos, zonas francas con capacidad disponible, una matriz energética renovable creciente, costos laborales competitivos, y proximidad geográfica a los mercados estadounidenses. Esta combinación abre una ventana concreta para que Colombia se posicione como alternativa real en ciertos segmentos de manufactura para exportación.
Si el nearshoring es la oportunidad estructural, las zonas francas son el instrumento principal que le permite a Colombia competir en igualdad de condiciones con el resto de la región. Son la plataforma que ofrece incentivos tributarios, régimen aduanero especial, facilidades logísticas y un marco estable para atraer inversión, fortalecer la manufactura de exportación y conectar la producción colombiana con las cadenas globales de valor.
A esto se suma una ventana operativa adicional: la eliminación del régimen De Minimis en Estados Unidos abre una oportunidad concreta para las zonas francas latinoamericanas. Con la suspensión de las importaciones libres de arancel para paquetes de hasta USD 800, se abre la puerta a exportar consolidados bajo régimen ordinario aprovechando plenamente los beneficios de los tratados de libre comercio. La mercancía puede salir consolidada y empacada desde una zona franca colombiana, nacionalizarse en Estados Unidos y llegar al cliente final vía tráfico postal nacional. Este modelo requiere realizar alianzas estratégicas con empresas logísticas y zonas francas norteamericanas, un terreno donde Colombia tiene potencial.
El nuevo gobierno ha anunciado también la creación de Zonas Económicas Especiales y Polos Regionales orientados a desarrollar la Altillanura productiva, impulsar la agroindustria, fortalecer la industria 4.0 y promover energías renovables. Si estas iniciativas logran traducirse en reformas regulatorias concretas, simplificación administrativa y ejecución sostenida, el país contará con mejores condiciones para capitalizar la actual reorganización de las cadenas globales de valor.
Sin embargo, aprovechar esta oportunidad no dependerá únicamente de la política pública. Las condiciones están dadas: un entorno que prioriza la exportación, un mercado estadounidense que busca proveedores cercanos, y zonas francas con capacidad e incentivos disponibles. Lo que se necesita ahora es decisión empresarial. Las empresas colombianas que buscan internacionalizarse o ampliar su alcance exportador tienen frente a sí una ventana que no permanecerá abierta indefinidamente. El nearshoring no es una promesa futura: es un proceso en marcha y los espacios se están llenando ahora.
Autor: Martín Gustavo Ibarra – CEO Araújo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales
